Surgen acusaciones de soborno y amenazas. 

El caso de Giovanni López, trabajador albañil de 30 años que falleció tras ser detenido por la policía en Jalisco, ha vuelto a ser noticia con la captura de Héctor Eliab A., el expolicía acusado de su asesinato. Giovanni López fue arrestado el 4 de mayo de 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos, supuestamente por no portar cubrebocas, una medida impuesta en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su detención rápidamente se tornó violenta, resultando en su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes. 

La detención y posterior fallecimiento de López provocaron una ola de protestas en México, destacando la brutalidad policial y la injusticia. Manifestantes en diversas ciudades, incluyendo Guadalajara, exigieron justicia y el fin de la violencia institucional. 

El arresto de Héctor Eliab A., realizado en Torreón, Coahuila, por las fiscalías de Jalisco y Coahuila, representa un paso hacia la justicia. Este expolicía está acusado de homicidio calificado y abuso de autoridad, y será procesado por estos delitos.  

Además de las acusaciones de violencia, el hermano de Giovanni López declaró que recibieron amenazas y que el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, trató de sobornarlos con 200.000 pesos para que no difundieran el video de la detención grabado con su celular. Sin embargo, el político negó firmemente estas acusaciones en un comunicado: “En ningún momento ofrecí cantidad alguna a cambio del silencio de los familiares y tampoco los amenacé”. 

El intento de soborno y las amenazas denunciadas por el hermano de Giovanni López solo agravan la percepción de corrupción y abuso de poder en las autoridades locales. A pesar de las negaciones del presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar, estas acusaciones refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente.  

La captura de Héctor Eliab A. resalta que el sistema debe ser vigilado constantemente para asegurar que se cumplan las promesas de justicia. Este caso sigue siendo un recordatorio de la necesidad urgente de reformas profundas en las fuerzas de seguridad y en las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en México.