La Fiscalía investiga nuevamente al bar por vender alcohol a menores y sobrecupo. 

A mediados de junio, el bar “El Perro Salado” fue clausurado por segunda vez en menos de seis meses, lo que evidencia serias deficiencias en la regulación y cumplimiento de las leyes en los establecimientos nocturnos de la Ciudad de México. La reciente clausura, iniciada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por corrupción de menores, resultó en el desalojo de aproximadamente 500 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, algunos con intoxicación etílica. 

A pesar de las repetidas intervenciones, los propietarios de estos bares parecen encontrar maneras de eludir las sanciones, cambiando la razón social de los establecimientos para continuar operando. Este patrón no es exclusivo de “El Perro Salado”; otros locales como “Black Diamond” en Plaza Madero presentan antecedentes similares, lo que subraya la necesidad de una supervisión más estricta y sanciones efectivas. 

Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno, mencionó que, aunque se planean nuevas visitas de verificación a bares del Centro Histórico, el objetivo no es simplemente cerrar estos lugares, sino asegurar que cumplan con todas las normativas de seguridad y protección civil, respeten los aforos y no vendan alcohol a menores. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes cuando los establecimientos reinciden en sus faltas. 

El problema también incluye la venta de bebidas adulteradas y la presencia de actividades ilícitas como la prostitución, lo cual agrava la situación y pone en riesgo la seguridad y bienestar de los jóvenes. Los vecinos y comerciantes de la zona han manifestado su preocupación, pero prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias. 

Es evidente que las actuales medidas no son efectivas y que se requiere una intervención más rigurosa para asegurar que estos lugares no continúen operando fuera de la ley, protegiendo así a la juventud y garantizando un entorno seguro para el esparcimiento.