La corrupción en Segalmex revela una crisis sistémica que impacta severamente los recursos públicos destinados a la seguridad alimentaria en México. 

El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) ha revelado una serie de desvíos de recursos que ascienden a 17 mil millones de pesos, una suma alarmante que incluye una nómina ilegal de 400 personas que cobraban sin trabajar. Este organismo, creado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Desde su creación, SEGALMEX ha estado plagado de irregularidades. La ASF había alertado sobre anomalías en el gasto administrativo desde 2019, pero no tuvo acceso completo a la desagregación de estos gastos. Durante ese año, SEGALMEX ejerció 1,148 millones de pesos en gastos operativos, superando el límite máximo permitido y sin una desagregación clara de los mismos. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas ha permitido que continúen prácticas corruptas dentro del organismo.  

Recientemente se tuvo conocimiento de una nómina paralela donde 400 personas cobraban sin trabajar, lo cual es un claro reflejo de la corrupción sistémica que afecta a SEGALMEX. Esta situación no solo representa un abuso de recursos públicos, sino que también subraya la necesidad urgente de reformas estructurales para garantizar la integridad y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad alimentaria.  

Las cifras son impactantes: el desvío total equivale al presupuesto anual de siete hospitales que atienden a personas sin seguridad social en México. Además, es tres veces el presupuesto destinado a la atención de víctimas para el pago de traslados y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

A pesar de las numerosas denuncias y la investigación en curso, la impunidad en SEGALMEX sigue siendo un desafío. La falta de medidas contundentes para sancionar a los responsables y recuperar los fondos desviados perpetúa un ciclo de corrupción y mala gestión. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y transparente en beneficio de la población más vulnerable.