El Congreso de la Ciudad de México aprueba reformas que frenan los incrementos en las rentas y establecen un registro obligatorio de contratos de arrendamiento. 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional que pone un tope más bajo al incremento de las rentas en la capital, en un movimiento que busca beneficiar a los inquilinos, pero que podría generar controversias entre los propietarios. Con 50 votos a favor, se aprobaron modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda, estableciendo que el aumento de la renta nunca deberá superar la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, en lugar del límite actual del 10%. 

Además, la reforma crea un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, que los arrendadores deberán completar en un plazo máximo de 30 días tras firmar el contrato. Esta medida busca mayor transparencia y control sobre las rentas en la ciudad. 

El dictamen también establece la obligación del gobierno capitalino de garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible, enfocada en personas de menores ingresos. Esta producción se realizará con recursos públicos y busca ofrecer opciones de vivienda accesible en un mercado cada vez más caro y competitivo. 

La reforma, aplaudida por quienes abogan por la protección de los inquilinos, podría ser vista como un desafío para los propietarios, quienes podrían enfrentar mayores restricciones y burocracia en la gestión de sus inmuebles.