La resolución, aprobada por 21 votos, refleja el rechazo internacional al régimen venezolano tras las controvertidas elecciones de julio. 

La reciente aprobación por parte del Senado de Chile de una resolución que solicita a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de una orden de detención contra Nicolás Maduro es un paso significativo en la lucha por la justicia en Venezuela. Respaldada por 21 votos, la petición refleja el rechazo de la comunidad internacional ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Maduro, quien ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad. 

Esta acción también destaca la responsabilidad de Chile como Estado miembro del Estatuto de Roma, que obliga a perseguir y juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad. La profunda crisis en Venezuela, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, ampliamente denunciadas por su falta de legitimidad, ha generado una mayor presión para que la CPI tome medidas concretas contra Maduro. 

Sin embargo, la solicitud del Senado chileno también pone en evidencia las divisiones políticas en la región y dentro de la propia coalición gobernante en Chile. Mientras el presidente Gabriel Boric ha criticado abiertamente el fraude electoral en Venezuela, el Partido Comunista de Chile ha defendido los comicios, resaltando el respeto a la soberanía de los pueblos. Esta disonancia subraya los desafíos que enfrenta Chile en su postura hacia Venezuela y el impacto que esta resolución podría tener en las relaciones internacionales de la región.