La JUFED argumenta que la reforma afecta los derechos laborales de las y los trabajadores judiciales y pone en riesgo el acceso a la justicia en México. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la solicitud presentada por la Asociación de Jueces y Magistrados Federales (JUFED) para activar el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este mecanismo permite que el Estado, de manera confidencial, presente cualquier proyecto de ley, política pública o acto que pueda afectar negativamente los derechos humanos, para que la CIDH lo analice y, en su caso, recomiende ajustes conforme a los estándares internacionales. 

La solicitud se originó en respuesta a la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador, la cual ha generado preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial. Según la JUFED, esta reforma no solo vulnera los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, sino que también pone en peligro el acceso a la justicia para todos los mexicanos y afecta la integridad de la carrera judicial.  

En su petición, la JUFED ha solicitado a la CIDH que requiera al Estado mexicano proporcionar toda la información necesaria sobre cómo esta reforma se alinea con los derechos de acceso a la justicia y la calidad de la misma, tanto para los trabajadores judiciales como para la sociedad en general. Además, se busca que la CIDH evalúe si la reforma, que podría implicar la destitución masiva de funcionarios judiciales, atenta contra los derechos humanos de estos trabajadores. 

Este movimiento es un paso crucial en la defensa de los derechos laborales y la independencia del Poder Judicial en México, en un contexto donde la reforma ha generado amplio debate y preocupación en diversos sectores.