La Corte califica de insuficientes los esfuerzos del gobierno para frenar la violencia y pide acciones más contundentes para garantizar la seguridad y los DDHH en la región. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una fuerte crítica hacia el gobierno de México, calificando sus esfuerzos para frenar la violencia en Chiapas como insuficientes. Durante la conferencia virtual “México: Impacto de la situación de violencia en Chiapas en los derechos humanos”, la relatora de la CIDH para México, Andrea Pochak, destacó los numerosos desafíos que enfrenta el estado, incluyendo el desplazamiento forzado y el creciente número de desapariciones.  

Pochak subrayó que el crimen organizado sigue controlando vastos territorios, forzando a las comunidades a desplazarse y cometiendo actos de violencia, tratos inhumanos y reclutamiento forzado. “Creo que estamos todos conscientes de que no son suficientes esos esfuerzos y que el crimen organizado sigue tomando el control de muchos territorios, de muchas comunidades”, señaló Pochak, en un claro llamado de atención al gobierno mexicano. 

La relatora enfatizó que, dado los recursos y las políticas de derechos humanos con las que cuenta México, se esperaba un mayor compromiso y resultados efectivos. “De un Estado como México, de un gobierno como el de México, esperamos más”, insistió Pochak, cuestionando la eficacia de las actuales estrategias de seguridad. 

Además, la CIDH expresó su preocupación por la falta de confianza en los sistemas de búsqueda, lo que disuade a las víctimas de denunciar los crímenes. “El Estado tiene la obligación de demostrar que la gente tiene que confiar en las instituciones, y eso se hace con institucionalidad y se hace con resultados”, sentenció Pochak. 

Esta crítica de la CIDH pone de relieve la ineficacia del gobierno mexicano para abordar la crisis de violencia en Chiapas, y subraya la urgente necesidad de acciones más contundentes y efectivas para garantizar la seguridad y los derechos humanos en la región. La situación actual en Chiapas es un recordatorio alarmante de los fracasos del gobierno en proteger a sus ciudadanos frente a la creciente amenaza del crimen organizado.