Investigación sobre contratos millonarios entre Amílcar e hijos de AMLO.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha confirmado que está investigando los contratos adjudicados a Amílcar Olán, empresario tabasqueño y cercano a los hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La información obtenida vía INAI revela que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió el expediente administrativo 2292/2024/CDAC/SEDENA/DE17 para revisar la actuación de sus servidores públicos y la relación con Olán, figura clave en la red de tráfico de influencias conocida como “El Clan”, encabezada por los hijos del presidente.
La SEDENA ha señalado que existen razones suficientes para investigar estas adjudicaciones y ha clasificado como reservados por cinco años los documentos relacionados con Olán, argumentando que su divulgación podría entorpecer las investigaciones administrativas en curso. Esta medida ha sido una respuesta a solicitudes de transparencia realizadas por reporteros de investigación de Latinus.
Latinus ha estado publicando reportajes sobre “El Clan” y cómo ha ganado miles de millones de pesos en contratos durante el sexenio de López Obrador, específicamente en proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. También, se ha revelado que Olán, a través de sobornos, ha conseguido contratos para suministrar balasto para los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, además de influir en la fijación de precios y en la certificación de calidad de estos materiales.
Estos acontecimientos no solo afectan la reputación del gobierno actual, sino que también plantean interrogantes sobre la integridad del proceso de contratación pública y la gestión de recursos. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la democracia, es crucial que las autoridades investiguen a fondo y actúen con total imparcialidad para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
El impacto de estas revelaciones podría ser profundo, influenciando no solo las políticas de contratación pública sino también el futuro político del país. Es un llamado urgente a fortalecer los mecanismos anticorrupción y garantizar que todos los actores políticos y económicos sean responsables ante la ley y ante la sociedad.