Estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez reportan la extracción fraudulenta de sus fondos; autoridades muestran una alarmante indiferencia y falta de acción. 

La corrupción ha golpeado duramente a los becarios del Bienestar, quienes denuncian haber sufrido “saqueos” a sus cuentas bancarias. Los testimonios de los jóvenes afectados han revelado un patrón alarmante de extracción de fondos de las becas Benito Juárez, destinadas a estudiantes de Educación Media Superior. Estos casos han evidenciado problemas graves de clonación de tarjetas y robo de información personal y bancaria. 

La situación ha afectado a numerosos jóvenes, todos beneficiarios de la Beca Benito Juárez, que otorga mensualidades de 920 pesos. La pérdida de estos fondos ha dejado a muchos estudiantes sin los recursos necesarios para sus estudios y actividades extracurriculares. Las familias, mayormente de escasos recursos, se han organizado en grupos para exigir una solución, pero se han encontrado con una respuesta insatisfactoria de las autoridades. 

El Banco del Bienestar, dirigido por Víctor Manuel Lamoyi, y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Abraham Vázquez Piceno, han mostrado una falta de acción efectiva ante estas denuncias. A pesar de las quejas presentadas, las respuestas han sido tardías y poco efectivas. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), presidida por Óscar Rosado Jiménez, también ha archivado muchas de estas quejas, sugiriendo procedimientos conciliatorios que no han resultado en soluciones concretas. 

La falta de seguridad en las transacciones y la posible complicidad interna han generado una profunda desconfianza entre los beneficiarios y sus familias. Las pérdidas económicas son significativas, con casos documentados que superan los 250 mil pesos en total. La respuesta institucional ha sido insatisfactoria, dejando a los afectados en un estado de indefensión y frustración. 

Este escándalo pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar la seguridad y la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Las autoridades deben tomar medidas drásticas para investigar y sancionar a los responsables, garantizar la devolución de los fondos a los estudiantes afectados y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de gestionar estos apoyos sociales. La corrupción no solo perjudica económicamente, sino que también destruye las oportunidades y el futuro de los jóvenes que dependen de estos recursos para su desarrollo académico y personal.