La corrupción y negligencia de las autoridades agravan la crisis de desapariciones en Pueblo Quieto; colectivos exigen justicia y acción inmediata. 

La reciente localización de un terreno clandestino en Pueblo Quieto, una de las colonias más peligrosas de Guadalajara, pone nuevamente de manifiesto el grave impacto de la corrupción en México. El descubrimiento realizado por el colectivo “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” revela la complicidad y la ineficacia de las autoridades para abordar la crisis de violencia y desapariciones forzadas en el país. 

El hallazgo de dos osamentas y un cuerpo en una vivienda abandonada junto a las vías del tren es un recordatorio doloroso de la impunidad que reina en estas zonas. La tardanza de las autoridades para responder, llegando a la escena cinco horas después de ser notificadas, demuestra una falta de compromiso y una burocracia que solo perpetúa el sufrimiento de las familias de las víctimas. 

La indignación del colectivo es comprensible y justificada. La respuesta limitada de la fiscalía, centrada únicamente en lo visible y dejando potencialmente más restos enterrados, subraya una actitud negligente y deshumanizante hacia las víctimas y sus seres queridos. Esta actitud no solo refleja una falla en la aplicación de la justicia, sino también una profunda corrupción que permite que estos actos atroces sigan ocurriendo sin consecuencias significativas. 

El descubrimiento en Pueblo Quieto debería servir como un llamado a la acción urgente para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y justicia. La sociedad mexicana no puede seguir soportando la carga de una corrupción que permite la existencia de fosas clandestinas y la continua violación de los derechos humanos. Es imperativo que se implementen reformas profundas y se tomen medidas decisivas para proteger a la ciudadanía y garantizar que las víctimas reciban la justicia que merecen.