El DIF de Nuevo León ha adjudicado 14 contratos por 820 millones de pesos a una empresa vinculada al despacho del gobernador y su padre, levantando serias preocupaciones sobre corrupción y conflicto de intereses. 

En el gobierno de Samuel García, el DIF de Nuevo León ha realizado 14 pagos por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa perteneciente al Grupo Cimarrón, propiedad de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. Esta empresa contrató los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro. 

Gran parte de los contratos se asignaron durante la gestión de Miguel Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex empleado del despacho de García. Sánchez enfrenta un proceso judicial por negligencia en la muerte de un menor en el DIF Fabriles y obtuvo un amparo para no ser imputado. 

Estas transacciones, reveladas por investigaciones periodísticas realizadas por Latinus, muestran un patrón de triangulación financiera entre el gobierno del estado, sus contratistas y el despacho jurídico de García. Desde que Samuel García asumió la gubernatura, los ingresos de sus despachos jurídicos se triplicaron, pasando de 632 millones de pesos antes de 2021 a 1,781 millones de pesos hasta 2024. 

La importancia radica en que estos movimientos financieros sugieren un posible conflicto de intereses y uso indebido de recursos públicos, beneficiando directamente a la familia del gobernador a través de contratos adjudicados sin competencia. Esto genera serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la administración pública bajo el gobierno de Samuel García.