La Era de AMLO y los Desafíos para la Democracia 

En México, desde 2018, se ha observado un incremento sin precedentes en la influencia política y económica de las fuerzas militares, marcando una nueva era de militarismo que se ha infiltrado en la vida pública. Esta situación no es simplemente el resultado de las decisiones tomadas por los expresidentes: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. También, son la suma de las acciones de actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, por decreto presidencial creo la Guardia Nacional y ha buscado cambiar su mando civil por militar a través de reformas constitucionales, las cuales han sido rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por atentar contra la propia constitución. 

La militarización tiene raíces profundas desde la historia posrevolucionaria del país, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) fueron colocadas en una posición privilegiada más que subordinada. Este legado histórico, ha sido reforzado por políticas actuales que han otorgado mayor autonomía a los militares, permitiéndoles influir significativamente en las decisiones administrativas y presupuestales. 

La militarización en México ha sido impulsada por la persistente crisis de violencia desatada por la estrategia de combate al narcotráfico iniciada en 2006. A pesar de evidencia acumulada que cuestiona la efectividad de la presencia militar en las calles, esta estrategia ha continuado, fortaleciendo el papel de las FFAA en temas de seguridad pública y debilitando las instituciones civiles responsables de la seguridad. 

Este fenómeno no solo afecta la democracia mexicana y los derechos humanos, sino que también distorsiona las capacidades del Estado para abordar los problemas civiles de manera efectiva. La reciente ampliación del periodo en el que las FFAA pueden realizar labores de seguridad pública hasta 2028, frente a lo dispuesto inicialmente para 2024, refleja una tendencia preocupante hacia un mayor militarismo civil. 

Para revertir estas dinámicas, es crucial fortalecer las instituciones civiles y democratizar los procesos de seguridad y justicia. Esto implica completar reformas democráticas en las FFAA y las fuerzas policiales, así como fomentar un servicio público profesionalizado y libre de influencias militares. Además, es fundamental construir narrativas que cuestionen la superioridad militar y promuevan una visión de seguridad basada en principios democráticos y derechos humanos. 

En conclusión, la militarización en México representa un desafío serio para la democracia y el estado de derecho. Requiere acciones decididas para devolver el poder político y económico al ámbito civil, restaurar el orden constitucional y construir un futuro donde las FFAA se limiten a su función constitucional sin amenazar los principios fundamentales de la sociedad mexicana.