La persecución política de MORENA contra 31 científicos no prosperó 

En mayo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió una contundente derrota en su caso contra 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONACYT), quienes fueron acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito dictaminó que no cometieron ningún delito, concluyendo que continuar la investigación violaría gravemente sus derechos humanos. 

Este fallo revela un preocupante patrón de persecución y hostigamiento por parte de la FGR bajo la administración de Alejandro Gertz Manero. La acusación inicial, presentada en 2021, parecía más un acto de venganza personal que un esfuerzo genuino por combatir la corrupción. Gertz Manero había sido rechazado en varias ocasiones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, lo que levanta serias dudas sobre la imparcialidad de sus acciones. 

Además, la decisión de la FGR de seguir adelante con las acusaciones, a pesar de la falta de pruebas sólidas y las repetidas negativas judiciales, apunta a un uso indebido del sistema de justicia para perseguir a figuras académicas. Esta táctica no solo ha causado un desgaste innecesario en los recursos del Estado, sino que también ha manchado la reputación de investigadores que han dedicado su vida al avance científico. 

La sentencia del Tribunal no solo absuelve a los científicos, sino que también resalta la falta de fundamento legal en las acusaciones. Al insistir en una investigación sin bases sólidas, la FGR no solo desperdició tiempo y recursos, sino que también puso en peligro la integridad de un sector vital para el desarrollo del país. 

Este caso debería servir como un llamado de atención para reevaluar el uso de la justicia en México. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar que las instituciones no se utilicen como herramientas de persecución política o personal. La comunidad científica y el público en general merecen un sistema judicial que actúe con independencia y justicia, protegiendo los derechos humanos y fomentando un entorno de confianza y respeto hacia quienes contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad.