Larry Rubín, presidente de la American Society of Mexico, advierte que la polémica reforma al Poder Judicial genera preocupación entre inversionistas estadounidenses.
Las empresas estadounidenses han decidido frenar importantes anuncios de inversión en México ante la incertidumbre generada por la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador. Larry Rubín, presidente de la American Society of Mexico (AMSOC), reveló este martes que la decisión fue tomada debido a las posibles implicaciones que estas reformas podrían tener sobre la certeza jurídica y la estabilidad económica del país.
En el marco de la “Tercera Convención Bilateral: Un Nuevo Futuro Compartido”, Rubín explicó que, aunque se tenía programado anunciar una “enorme inversión” americana en México, esta ha sido suspendida temporalmente mientras se analiza el impacto que la reforma podría tener en el entorno legal y de negocios. “Hemos decidido no anunciar la inversión programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial”, afirmó Rubín, quien además insistió en la importancia de que estas reformas se lleven a cabo con el debido cuidado y sin apresuramientos.
Rubín también mencionó que una de las dos campañas presidenciales de Estados Unidos se ha acercado a la AMSOC para expresar su preocupación por los efectos de una reforma judicial de esta magnitud. Subrayó que legislar “al vapor” podría afectar la relación comercial y política entre México y su principal socio económico, además de poner en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Diversos organismos internacionales, como la International Chamber of Commerce (ICC) y calificadoras como Fitch, Citibanamex y UBS, también han expresado su preocupación por las posibles violaciones al derecho internacional que podrían derivarse de estas reformas, lo que podría llevar a sanciones económicas contra México. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá han manifestado su inquietud sobre los riesgos que estas reformas suponen para la inversión privada y los tratados comerciales, mientras que Rubín ha pedido que el Congreso actúe con la “seriedad y reflexión” que un cambio de esta envergadura demanda.