El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, ha desconocido el paro de labores del Poder Judicial y ha ordenado suspender los pagos salariales de jueces, magistrados y trabajadores que participen en la protesta. En un comunicado dirigido al Consejo de la Judicatura Federal, Hacienda advirtió que, si las labores no se reanudan en 24 horas, los involucrados podrían ser destituidos.  

La dependencia argumentó que el CJF no siguió el procedimiento legal adecuado para declarar el paro y que, al no considerarse una huelga formal, las consecuencias podrían ser graves. Este movimiento ha intensificado la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial, amenazando la estabilidad institucional.