El exgobernador de Puebla, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, es trasladado a su lujosa residencia bajo medidas cautelares que muchos consideran insuficientes. 

Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, dejó el penal de máxima seguridad del Altiplano para cumplir su proceso en prisión domiciliaria, una decisión que ha generado controversia y críticas en todo el país. Marín, conocido por su apodo “el gober precioso”, fue trasladado bajo estricta vigilancia en una ambulancia de la Guardia Nacional hasta su residencia en el exclusivo fraccionamiento San Ángel, en la colonia Xilotzingo, Puebla. 

El exmandatario priista enfrenta acusaciones graves por su participación en los malos tratos de la periodista Lydia Cacho en 2005, después de que ella publicara su libro Los Demonios del Edén, en el que destapaba una red de abuso de menores de edad que involucraba a poderosos empresarios y políticos. Marín, quien fue detenido en 2021, había permanecido en el penal del Altiplano durante casi tres años y medio, pero ahora, gracias a una controvertida decisión judicial, podrá seguir su proceso desde la comodidad de su hogar. 

Las condiciones de su arresto domiciliario incluyen el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y de Puebla, y una fianza de 100 mil pesos, además de la prohibición de acercarse a Lydia Cacho. Sin embargo, estas medidas han sido vistas como insuficientes y como un nuevo golpe a la lucha por la justicia en México. Para muchos, este cambio de medidas cautelares representa una señal más de la impunidad que sigue beneficiando a los poderosos en el sistema judicial mexicano. 

El caso de Mario Marín ha sido emblemático en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos en México, y su traslado a prisión domiciliaria ha reabierto viejas heridas. La indignación es palpable entre aquellos que recuerdan los detalles de la brutal tortura que Cacho sufrió por atreverse a denunciar la corrupción y los abusos de poder. El hecho de que Marín ahora cumpla su proceso en su residencia de lujo, bajo condiciones que muchos consideran laxas, ha sido interpretado como una burla al dolor de las víctimas y una muestra más de la desigualdad en la aplicación de la justicia en el país.