El embajador de Estados Unidos advierte sobre los riesgos que la reforma podría tener para la relación bilateral, mientras la incertidumbre crece entre inversionistas internacionales. 

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó este martes su creciente preocupación por la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno de López Obrador. A pesar de la “pausa” anunciada por el presidente en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, Salazar aseguró que las conversaciones y el trabajo entre ambos países continúan. Sin embargo, insistió en que la reforma, que busca someter la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte al voto popular, ha generado inquietud tanto en el ámbito diplomático como económico. 

Salazar afirmó que, aunque es decisión soberana del Gobierno de México, la forma en que se implementen las reformas puede tener repercusiones significativas. “Hay muchísima preocupación”, reiteró, refiriéndose a los posibles daños en la relación entre ambos países y la estabilidad del sistema judicial mexicano.  

Salazar subrayó que fortalecer la Corte es crucial, pero advirtió que, si las reformas no se realizan de manera adecuada, pueden afectar negativamente la confianza en la justicia y en la inversión extranjera. 

Hace una semana, López Obrador anunció la “pausa” en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de que ambas oficinas criticaran públicamente el proyecto de reforma judicial. Esta medida ha generado tensiones, especialmente porque las declaraciones de los embajadores reflejan la preocupación de sus respectivos gobiernos e inversionistas por el impacto que la reforma podría tener en el clima de negocios en México. 

La incertidumbre generada por la reforma ya ha tenido consecuencias económicas, incluyendo volatilidad en la relación peso-dólar y advertencias sobre una posible disminución de la inversión extranjera debido a la falta de certidumbre jurídica. La transformación del Poder Judicial, que propone la elección de jueces y ministros en 2025 y 2027, ha encendido las alarmas a nivel internacional, con el temor de que esta medida pueda debilitar la independencia judicial y socavar el estado de derecho en México.