El presidente argumenta que la experiencia no es esencial para la imparcialidad en la aplicación de la ley 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una postura inflexible al rechazar cualquier diálogo con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, respecto a la controvertida reforma judicial que promueve. Insiste en eliminar el requisito de cinco años de experiencia para que los recién egresados de las escuelas de derecho puedan ser jueces, argumentando que estos nuevos abogados pueden aplicar la ley sin prejuicios ni corrupción, sugiriendo así que la experiencia se ha convertido en un sinónimo de corrupción dentro del poder judicial. 

Durante su conferencia matutina, López Obrador manifestó que, si es necesario, se implemente un curso especial sobre la función de un juez, minimizando la complejidad y la importancia de la experiencia en la impartición de justicia. Esto refleja una falta de conocimiento de la carrera judicial y la formación profesional requerida para ejercer adecuadamente estos cargos. 

El presidente también propone que los jueces sean elegidos por voto popular, una medida que podría politizar aún más el sistema judicial y socavar su independencia. Asimismo, criticó a la Suprema Corte por sus tácticas dilatorias en casos fiscales y por mantener privilegios que considera inconstitucionales, usando estos puntos para justificar su agenda. 

Norma Piña ha advertido que la reforma judicial de AMLO podría ser un retroceso significativo en materia de derechos humanos, y ha llamado tanto al presidente como a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a analizar detenidamente el impacto de dichas reformas. A pesar de estas advertencias, López Obrador se ha mantenido firme, afirmando que la reforma es esencial para hacer el sistema judicial más accesible y menos corrupto. 

Esta situación evidencia una profunda tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, reflejando diferencias fundamentales sobre cómo mejorar el sistema judicial en México. La insistencia de AMLO en sus reformas, sin considerar las preocupaciones legítimas de la Suprema Corte, podría tener implicaciones negativas a largo plazo para la justicia y los derechos humanos en el país.