Alejandro Osuna Cobos, conocido como “el zar del transporte”, acumula contratos por casi 500 millones de pesos en Nuevo León, a pesar de incidentes graves y cuestionamientos. 

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra en el ojo del huracán debido a su estrecha relación con Alejandro Osuna Cobos, conocido en el ámbito empresarial como “el zar del transporte”. Osuna Cobos ha logrado consolidar un imperio basado en la renta de vehículos a través de sus empresas Car One y Transpaís Único, las cuales han sido beneficiadas con 76 contratos gubernamentales desde el inicio de la administración de Samuel García, por un valor total de 487 millones 856 mil pesos. 

Lo que más ha generado controversia es el hecho de que un 35.5% de estos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, una práctica que ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos políticos entre el empresario y la administración emecista. Uno de los contratos más significativos fue otorgado a Car One Monterrey por 67.5 millones de pesos, sin pasar por un proceso de licitación, lo que ha aumentado las críticas hacia la transparencia de la gestión de García. 

El historial de Osuna Cobos no es menos controvertido. Su empresa Transpaís Único ha sido protagonista de numerosos incidentes, desde accidentes graves que han dejado pasajeros lesionados, hasta secuestros dentro de sus unidades, pasando por sobreprecios y fallas mecánicas recurrentes. A pesar de estos antecedentes, el gobierno de Nuevo León sigue confiando en él como proveedor, lo que ha generado indignación entre la oposición y la ciudadanía. 

Este no es un caso aislado en la administración de Samuel García. Otro empresario, Cuauhtémoc Velázquez, también ha sido beneficiado con contratos multimillonarios, incluyendo uno de 2 mil 521 millones de pesos para el arrendamiento de autobuses de transporte público. Velázquez, quien ha enfrentado sanciones en el pasado por incumplimientos contractuales, ahora se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público debido a la magnitud de los contratos que ha recibido. 

La relación entre Samuel García y estos empresarios ha desatado una serie de críticas y llamados a la rendición de cuentas. Legisladores del PRI y del PAN han anunciado que solicitarán investigaciones sobre las relaciones contractuales entre estas empresas y la administración estatal, ante la preocupación de que estas adjudicaciones podrían estar motivadas por intereses políticos más que por la necesidad de servicio eficiente y seguro. 

En resumen, la gestión de Samuel García está bajo un creciente escrutinio debido a los contratos millonarios otorgados a empresas con un historial cuestionable, como las de Alejandro Osuna Cobos. Las sospechas de favoritismo y la falta de transparencia en estos procesos de adjudicación ponen en duda la integridad de la administración estatal, mientras los ciudadanos y opositores exigen respuestas y acciones concretas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y efectiva.