Organizaciones civiles denuncian la sistemática ignorancia y desacreditación de abusos contra periodistas y personas desaparecidas. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se estableció una preocupante “política de negación” en cuanto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, una afirmación en la que coinciden diversas organizaciones civiles y analistas. En el informe “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México” de Artículo 19, se detalla cómo el gobierno ignoró y negó los abusos contra periodistas, personas desaparecidas y personas que buscaron ejercer su derecho a la información. 

Esta política de negación y silenciamiento, como señaló Carlos Bravo Regidor, rompió la interlocución entre las autoridades y la sociedad civil, lo que anteriormente permitía una mayor transparencia y rendición de cuentas. En estos seis años, las agresiones contra la prensa ascendieron a 3,408 casos, y se registraron 44,073 desapariciones, además de un aumento en la adquisición de equipo para espionaje, asesinatos y violencia generalizada. 

La administración de López Obrador se destacó por convertir a sus críticos, especialmente a la prensa, en enemigos, desacreditando su legitimidad y etiquetándolos como conspiradores. Gabriela Warkentin destacó que esta estrategia generó una “invisibilidad por exposición”, donde la sobrecarga de información impidió que se prestara la atención necesaria a los problemas reales. Desde las conferencias presidenciales diarias, se descalificaba y etiquetaba a las y los periodistas y críticos, facilitando los ataques en su contra. 

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, hizo un llamado al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum para que abandone la estrategia de estigmatización y ataque contra la prensa. El informe espera que el nuevo gobierno reconozca y atienda los problemas documentados, promoviendo un cambio hacia una mayor transparencia y respeto a los derechos humanos. La reconstrucción del tejido social y la relación con la prensa requieren poner fin a esta retórica estigmatizante y adoptar un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos fundamentales.