Un crimen de Estado que infunde terror y viola Derechos Humanos 

La desaparición forzada es definida por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier privación de la libertad realizada por agentes del Estado o grupos que actúan con su apoyo. Esto es seguido por la negativa a reconocer la detención o el ocultamiento del paradero de la persona, sustraída así de la protección de la ley. 

En México, este grave problema ha sido utilizado para infundir terror en la población, afectando no solo a las familias de las víctimas, sino también a comunidades enteras y a la sociedad en general. Originalmente surgió esta práctica durante las dictaduras militares, sin embargo, la desaparición forzada hoy se emplea en contextos de conflictos internos y como método de represión política.  

Esto es especialmente preocupante en México, donde el acoso a personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y testigos es frecuente. Por su parte, la impunidad sigue siendo la norma, y la lucha contra el narcotráfico se usa a menudo como excusa para no cumplir con las obligaciones internacionales. 

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación por el aumento de desapariciones forzadas y actos de intimidación contra testigos y familiares. Asimismo, la resolución celebró la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado desde 2011.