Con cifras alarmantes de homicidios este año, la falta de un plan concreto y metas específicas pone en tela de juicio su capacidad para enfrentar la crisis de seguridad. 

El gobernador Samuel García, ha prometido reducir los homicidios dolosos en el estado, un reto significativo considerando que utilizó como referencia el año 2022, uno de los más violentos en la última década, con 1,430 asesinatos. García, en un acto de entrega de equipo para Fuerza Civil, atribuyó la violencia actual a reacomodos de grupos delictivos y cambios en el Gobierno federal, afirmando que, con la coordinación y el equipamiento adecuado, Nuevo León superará esta crisis. 

El mandatario anunció la inversión de 15 mil millones de pesos en la corporación, destacando la renovación completa de patrullas, la adquisición de 80 unidades blindadas “black mambas” y la implementación de una división aérea con 10 helicópteros. Según García, estas medidas fortalecerán a la policía estatal y enviarán un mensaje claro de que Nuevo León está “blindado” contra el crimen organizado. 

Sin embargo, las cifras recientes muestran una realidad preocupante: en 2023, se registraron 1,414 homicidios, y en lo que va del año, ya se han contabilizado más de 1,020 de manera extraoficial. A pesar de la retórica optimista del gobernador, la falta de un plan concreto con plazos específicos para reducir la violencia genera escepticismo sobre la eficacia de sus promesas. 

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, evitó comprometerse con plazos concretos para la reducción de los delitos, lo que deja en duda la capacidad del gobierno estatal para cumplir con este desafío crucial en materia de seguridad. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando acciones concretas que realmente marquen una diferencia en la seguridad de la región.